¿Cómo mejorar el estado de la educación en España?. El pacto educativo

La salud del sistema educativo español es un tema recurrente en la opinión pública de nuestro país, especialmente desde la aprobación en el Consejo de Ministros de la LOMLOE o Ley Celaá, en febrero de 2020.

La Ley Moyano y la LGE

El estado de la educación en España es, en primer lugar, producto de su propia historia. El sistema educativo estuvo vertebrado, hasta 1970, por la Ley de Instrucción Pública de 1857, más conocida como Ley Moyano. Es interesante destacar, a la luz de la cuestión fundamental que vamos a tratar aquí (el pacto educativo), que esta ley se aprobó en un momento de consenso entre progresistas y moderados, las dos facciones que dominaban la política española en aquellos momentos. De hecho, la Ley Moyano recogió muchos elementos de un proyecto legislativo anterior elaborado por los progresistas en 1855.

Franco y Villar Palasí saludan a
Botella Llusiá, rector de la Universidad
de Madrid (portada del ABC del 20 de febrero
de 1969).

No fue este el único aspecto positivo de esta legislación. La Ley Moyano estructuró el sistema educativo español en tres bloques diferentes: primera enseñanza, segunda enseñanza y facultades y enseñanza superior y profesional. Estableció que la enseñanza primaria, por su carácter elemental, se cursaría de los 6 a los 9 años, y sería gratuita para aquellas familias que no tuviesen recursos. Así mismo, esta ley atendía a las necesidades de niños sordos y ciegos, a los que se debería tener en cuenta, para que contasen en cada distrito con una escuela.

Las bases de la Ley Moyano permanecieron prácticamente inalteradas durante más de un siglo, hasta la aprobación de la Ley General de Educación (LGE), obra del ministro José Luis Villar Palasí, en 1970, en el Tardofranquismo. Antes de redactarse la ley, el ministro quiso conocer la situación que atravesaba el sistema educativo, para lo cual se elaboró un informe, conocido popularmente como el Libro blanco.

La LGE quiso adaptar el sistema a los cambios socioeconómicos que estaba viviendo el país en ese momento. Estableció la Educación General Básica (EGB), obligatoria y gratuita entre los 6 y los 15 años. Tras ella, los alumnos podrían elegir entre cursar el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) o una formación profesional de primer grado. Si se cursaba el BUP, se llegaría al Curso de Orientación Universitario (COU), que daba acceso a los estudios superiores.

Las leyes educativas desde la recuperación de la democracia

Un hito ineludible a la hora de analizar el desarrollo de la legislación educativa en España desde la Transición es la Constitución de 1978, puesto que estableció el estado de las autonomías. A partir de entonces, las competencias en materia educativa estuvieron repartidas entre el estado central y las comunidades autónomas.

En 1980, el gobierno de Suárez planteó la LOECE, centrada en la regulación del Estatuto de Centros Escolares. Esta, fue recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional y nunca llegó a aplicarse. Tras ella llegó la LODE (1985), por la que se originaron los centros concertados.

En 1990, el PSOE promulgó una nueva ley, la LOGSE, que acabó con la LGE de Villar Palasí. En consecuencia, la EGB, el BUP y el COU fueron reemplazados por la EP, ESO y el Bachillerato. 

En la última etapa del gobierno de Aznar, en el año 2002, se promulgó la LOCE, que no llegó a aplicarse, debido al cambio de gobierno que se produjo en 2004. Entonces, el PSOE de Zapatero creó su propia ley, la LOE, que hizo voluntaria la religión y proyectó una nueva asignatura: Educación para la ciudadanía y Derechos Humanos.

Llegamos así a las dos últimas leyes educativas de nuestro tiempo: la LOMCE o Ley Wert, aprobada en 2013, y la LOMLOE o Ley Celaá, aprobada en 2020. Esta última retoma la LOE y mejora algunos de sus aspectos.

El pacto educativo en España

Con esta cuestión trato de responder a la actividad grupal propuesta el martes, 21 de septiembre de 2021, como parte del Grupo 1, al cual le tocó debatir sobre el pacto educativo. 

En los últimos tiempos, partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, se han referido al pacto educativo. En 2018, con Íñigo Méndez de Vigo como ministro de Educación, PP y Ciudadanos propusieron en el Congreso un "pacto nacional por la educación". El fracaso se evidenció cuando otros grupos políticos (PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT y ERC) se levantaron de la mesa de negociación.

Tras la moción de censura de junio de 2018 que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, para las elecciones de abril de 2019, el PSOE llevó en su programa electoral el objetivo de "impulsar un gran pacto de estado por la educación", acompañado de otro: la aprobación de una nueva ley educativa.

Después de consumarse el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos (en noviembre de 2019), ambos partidos se lanzaron a la redacción de una nueva ley educativa, que resultó ser la ya citada LOMLOE. Tras la aprobación en el Congreso de la misma, el PP invocó nuevamente el espíritu del "pacto educativo". 

A la luz de lo anterior, es evidente que el pacto educativo no se ha materializado en los últimos tiempos, quedándose en un mero elemento retórico aducido continuamente por los distintos partidos. ¿Existe un interés genuino por llevar a cabo un gran pacto educativo? Esta es la pregunta a la que se debería responder. En mi opinión, no. Es un arma política que unos y otros utilizan para movilizar a sus votantes y controlar (o mejor dicho, intentar controlar) el funcionariado que se dedica a la educación.

La otra pregunta que cabe hacerse es la siguiente: ¿Podrían unos partidos y otros dejar de lado algunas diferencias para conseguir un gran pacto educativo, que perdurase en el tiempo, tal y como hizo la Ley Moyano, o en menor medida la LGE? La respuesta es, en mi opinión, sí. 

Hemos visto como algunos partidos han modificado sus propuestas en materia educativa en función de su adecuación a la realidad con el paso del tiempo. Ejemplo de ello es la propuesta inicial de Podemos, en 2014, de "reducir la educación concertada a situaciones experimentales". Siete años después, con Podemos formando parte del gobierno, la educación concertada no ha desaparecido ni se ha reducido significativamente. 

Si bien es cierto que los colegios concertados, amparados por los medios de comunicación conservadores, han llevado a cabo una campaña en contra de la LOMLOE, esta ley únicamente ha modificado aspectos menores respecto a este tipo de educación. Por ejemplo, dando la oportunidad al estado de retirar el concierto a los colegios que segreguen por sexos, o concediendo un mayor peso a la proximidad existente entre la vivienda del alumno y el centro de aprendizaje. En palabras de la propia ministra: "La concertada no tiene nada que temer con la nueva ley".

Campaña con lazos naranjas contra la Ley Celaá en una escuela
(imagen: COPE).

Otra pregunta que cabe hacerse sería el papel que desempeñarían los partidos nacionalistas de ámbito periférico en un hipotético pacto educativo que incluyese a todas las fuerzas políticas. Lógicamente, defenderían los intereses de sus respectivas comunidades autónomas, pidiendo para ellas una mayor financiación o más libertad a la hora de decidir su currículo académico. ¿Cómo casaría eso con los objetivos de otras CC. AA. que no cuentan con este tipo de partidos para defender sus intereses?

En conclusión, puede existir un pacto educativo, si hay voluntad de ello. Los partidos pueden cambiar sus propuestas en esta materia, como hemos visto con el caso de Podemos en 2014 y 2021. Quizá uno de los problemas sea ese: la falta de voluntad política real para ceder en diferentes aspectos, y quizá esto se deba al interés constante de los partidos de ganar votos y sucederse en el gobierno.