El Libro blanco de la profesión docente

En octubre de 2015, el entonces ministro de Educación por el PP, Íñigo Méndez de Vigo, encargó a un equipo, encabezado por el psicólogo y pedagogo José Antonio Marina, la redacción de un Libro Blanco de la Profesión Docente. Marina presentó su borrador al ministerio a finales de noviembre de ese año. No obstante, nunca llegó a entrar en vigor, entre otras cosas, por el cambio de gobierno que se produjo en junio de 2018.

¿Qué es un libro blanco?

Portada del borrador del Libro blanco
encargado a J. A. Marina por parte
de Íñigo Méndez de Vigo

Los libros blancos son una tipología de documentos, generalmente asociados a determinados estudios o profesiones, que contienen una serie de informaciones y propuestas ordenadas de forma clara. El objetivo de este tipo de textos es servir a los especialistas a tomar decisiones, por lo que su carácter dista del literario.

En España existen numerosos libros blancos en la actualidad. De hecho, la editorial ANECA se encarga de publicar muchos de ellos. A este respecto pueden citarse los libros blancos de los grados en Biología, Física, Química, Turismo, Trabajo Social, Derecho, Enfermería o Filosofía.

La denominación de libro blanco tiene también un recorrido histórico en España y otros países castellanoparlantes. En nuestro país, a finales de los años 60, el sistema educativo presentaba una serie de deficiencias, entre las que se cuentan la falta de escuelas; una fuerte discriminación hacia determinados grupos sociales, que no conseguían estudios postobligatorios o la pervivencia del memorismo. La Ley Moyano de 1857, que en su época supuso un gran avance para el desarrollo de la educación en España, se demostraba inservible para los nuevos tiempos, para una sociedad en evolución.

Antes de lanzarse a la redacción de una nueva ley educativa, que sustituyese a la que llevaba vigente más 113 años, el ministro de Educación, José Luis Villar Palasí, quiso conocer de primera mano la situación que atravesaba entonces el sistema educativo español. Por ello, encargó la elaboración de un informe, titulado La educación en España: bases para una política educativa, que se publicó en febrero de 1969, y que se conoció simplemente como el Libro Blanco.

En 1989, el ministerio de Educación y Ciencia, cuyo titular era entonces Javier Solana (PSOE), presentó el Libro blanco para la reforma del sistema educativo. Si el primer libro blanco sirvió de base para la LGE (aprobada en 1970), esta lo fue de la LOGSE (1990), que acabó con el legado de la LGE.

En otros países, la denominación de libro blanco ha tenido usos que van más allá de lo profesional o educativo. Un ejemplo ilustrativo de ello es el caso del Libro blanco sobre el cambio de gobierno en Chile (1973), publicado por un funcionario pinochetista tras el golpe de estado contra Salvador Allende. En sus páginas, se acusaba al presidente democráticamente electo de querer llevar a cabo un autogolpe (el supuesto Plan Zeta), al tiempo que se justificaba la intervención militar para deponerle.

Propuestas interesantes del borrador. Una reflexión personal

La entrada más comentada del borrador por parte de los medios fue, sin duda, la propuesta del DEP (Docente en Prácticas), una especie de curso de capacitación de tres años, divididos en Máster (1 año) y prácticas (2 años). En esta última propuesta, coincidieron con el PSOE, que en su programa para las elecciones de 2015 estipuló un "MIR educativo" de 7 años, de los cuales dos de ellos serían prácticas.

Si bien esta propuesta tiene un punto fuerte, que es el de una mayor preparación de los profesores antes de dar el salto definitivo a las aulas, no es menos cierto que supone un retraso temporal respecto a la salida al mercado laboral. Si a los 4 años de duración del grado se suman el de máster y los 2 de prácticas, el total mínimo de formación exigido a un profesor es de 7 años. Eso podría suponer que los futuros profesores terminasen de completar su capacitación con 22 o 23 años, en el mejor de los casos y sin contar el proceso de las oposiciones.

El documento recoge otra serie de propuestas, como el hecho de que los directores de los centros deban aprobar un curso formativo específico antes de ejercer como tales, o la creación de un Consejo
Pedagógico del Estado, presidido por el rey, encargado de recoger las mejores innovaciones en materia educativa.

A pesar de todo, este borrador fracasó en su objetivo inicial, el de conseguir un pacto social que impulsase un ulterior pacto político. Este último no se consiguió, y los cambios legislativos en educación siguen siendo una realidad constante en España.